La segunda fase de la reforma de pensiones está próxima a impactar de manera positiva en las pensiones por incapacidad permanente.
Esta medida, que fue liderada por anterior ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene como objetivo elevar estas pensiones al 20% de la renta media para el próximo año 2024.
Esta iniciativa no solo va a beneficiar a millones de ciudadanos en situación que se encuentran en vulnerabilidad en nuestro país, sino que también refleja el compromiso del Gobierno con la estabilidad financiera de quienes dependen de estos subsidios.
Subida en la incapacidad permanente
La intención del Gobierno es poder ofrecer un sólido soporte a aquellos en situación de vulnerabilidad. Se enfoca en elevar la pensión mínima para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, aspirando a alcanzar el 60% de la renta media para un hogar de dos adultos entre los años 2024 y 2027.
Esta elevación no solo impactará en las pensiones por incapacidad permanente, sino también en otras categorías contributivas como las de jubilación y viudedad.
Se proyecta un incremento significativo en la cuantía de referencia a partir del año 2024, con el objetivo de reducir la brecha en un 20%. Este avance se materializa con aumentos adicionales en los años sucesivos con un incremento del 30% en 2025, otro del 50% en 2026 y, finalmente, un aumento adicional para alcanzar el umbral de pobreza estimado para un hogar de dos adultos en 2027, siempre sujetos a la economía y las circunstancias del país.
Para ser específicos, la pensión mínima por incapacidad permanente absoluta o total con cónyuge a cargo, actualmente es de 966,20 euros al mes, lo que supone 13.526,80 euros al año, y se prevé que se eleven a 1.178,50 euros al mes, lo que supone 16.499 euros anuales en el año 2024, representando un incremento del 22%. Este no solo cumple el objetivo del 20% de la renta media, sino que lo supera, asegurando así una mejor calidad de vida para los pensionistas por incapacidad permanente.
Estas mejoras no solo tienen un impacto numérico, sino que representan un crucial apoyo para los beneficiarios. Estos ingresos resultan vitales para cubrir necesidades básicas y gastos médicos, brindando de esta forma la estabilidad y dignidad en el día a día de quienes dependen de estas pensiones. La segunda fase de la reforma de pensiones marca un paso significativo hacia la actualización y mejora de los beneficios para asegurar el bienestar de este sector de la población.
El valor de estas reformas queda de manifiesto en como influyen de manera directa en la vida cotidiana de los beneficiarios. Además de mejorar sus pensiones, proporciona estabilidad, dignidad y la capacidad de hacer frente a gastos médicos y necesidades esenciales para su bienestar.
El reto ahora radica en asegurar la sostenibilidad de estas mejoras a lo largo del tiempo. Es fundamental que estos incrementos se mantengan y se adapten a las dinámicas económicas y sociales cambiantes, garantizando un apoyo continuo para quienes más lo necesitan. Estas acciones representan un paso sólido hacia la construcción de un sistema de seguridad social más fuerte y compasivo con las realidades de las personas con discapacidad.