Economía

La Seguridad Social aprueba este importante cambio en el Ingreso Mínimo Vital: confirmado para 2024

En una decisión importante, el gobierno español anunció la aprobación de un cambio importante en la gestión del ingreso mínimo vital (IMV). Este ajuste, según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitirá a todas las comunidades autónomas de régimen común gestionar esta prestación económica a partir de 2024. La medida anunciada tras la última reunión del Consejo de Ministros del año supone un avance en el proceso de descentralización la seguridad social y mejorar la gestión de determinadas ayudas en cada territorio.

Un paso hacia la descentralización del ingreso mínimo vital

La gestión del ingreso mínimo vital ha sido objeto de negociaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en los últimos meses. Hasta el momento, sólo el País Vasco y Navarra tienen la competencia para administrar esta prestación desde hace poco más de un año. Sin embargo, el nuevo panorama permitirá que todas las regiones de régimen común asuman esta responsabilidad, marcando un hito en el proceso de descentralización del actual gobierno.

Esta decisión tiene un importante trasfondo político, ya que responde a los compromisos adquiridos con los partidos políticos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre. También se presenta como una medida para calmar las tensiones regionales, especialmente en aquellas zonas que se han sentido perjudicadas en las últimas semanas por otros traspasos de competencias, como el caso del País Vasco y otras entregas previstas a Cataluña.

Antecedentes y preocupaciones previas

El antecesor del actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, había mostrado anteriormente su preocupación por el traspaso indiscriminado de la administración del ingreso mínimo vital a todas las comunidades autónomas. A partir de 2020 se realizaron transferencias específicas al País Vasco y Navarra, pero no se ejecutaron en su totalidad hasta dos años después.

En su momento, Escrivá sostuvo que era necesario evaluar las capacidades de gestión de cada región antes de hacer un traspaso total. La heterogeneidad de los niveles de cobertura y el nivel de acceso al apoyo regional ha creado reticencias respecto de la eficacia de la gestión descentralizada.

Se introduce un enfoque práctico.

A pesar de la desgana inicial, parece haber una base práctica para abrir el gobierno a la gestión económica de un salario digno. Los servicios sociales locales y regionales tienen un conocimiento más profundo de las poblaciones vulnerables y, por lo tanto, están mejor equipados para identificar y ayudar a quienes realmente necesitan un ingreso mínimo para vivir.

La descentralización permitirá una mayor coordinación en la atención a los “non-deployers”, es decir, aquellas personas que son potenciales receptores de IMV pero no los solicitan, ya sea por desconocimiento o por inquietudes sobre la regularización. Los centros sociales locales y regionales se convierten así en actores clave para sensibilizar y brindar apoyo a estos grupos vulnerables.

Además, como parte de las mejoras introducidas, la Seguridad Social facilitó el proceso al permitir que las ONG actuaran como intermediarias y acreditaran situaciones de vulnerabilidad para ampliar el número de beneficiarios. Esta medida ayudará a eliminar las barreras que impiden a algunas personas acceder al IMV.

Tras analizar esta situación, se puede afirmar que la aprobación del cambio en la administración del ingreso mínimo vital para todas las comunidades autónomas de régimen común en 2024 supone un paso significativo en la descentralización de la seguridad social. Aunque con un historial de preocupaciones sobre la capacidad de gestión, la medida se presenta como una oportunidad para mejorar la eficacia de la ayuda a los más vulnerables y promover una distribución más justa de este beneficio económico esencial.

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