Con la llegada del nuevo año, los pensionistas en España tienen motivos para prestar especial atención a los ajustes que han entrado en vigor en relación con la pensión máxima de vejez. Estos cambios, consagrados en la reforma de las pensiones aprobada en el último periodo electoral, traen consigo una serie de ajustes importantes que afectarán directamente a las pensiones de los ciudadanos.
Bases máximas de cotización y diferencias de género son complementarias
Uno de los pilares de esta reforma es la reevaluación anual de las bases imponibles máximas y la finalización de la brecha de género, ambas ajustadas según el Índice de Precios de Consumo (IPC). A partir de 2024 y hasta 2050, las bases imponibles máximas serán el crecimiento anual del IPC más una cantidad fija de 1,2 puntos.
En la práctica, esto supone un incremento del 5% para el nuevo año, situando la base máxima de cotización en 4.720,3 euros mensuales o 56.644 euros anuales. Esta base sirve como referencia para calcular los aportes que empleadores y empleados pagan mensualmente a la seguridad social y afectan directamente los ingresos del sistema.
La reforma también prevé un aumento adicional del 10% del IPC para cerrar la brecha de género en el bienio 2024-2025. Este recargo, actualmente fijado en 30,4 euros, se adaptará según las leyes generales de presupuestos del Estado.
Incremento gradual de la pensión máxima
El cambio más esperado por los pensionistas es el aumento de la pensión máxima, que aumentará anualmente con el IPC a partir de 2024. En 2024, con una valorización del 3,8%, la pensión máxima aumentará hasta los 3.175,5 euros mensuales con catorce pagas, y en 2023 superará los 3.059,2 euros.
Es importante destacar que el tope al ingreso máximo inicial entrará en vigor en 2025. Este tope implica una reevaluación del ingreso máximo utilizando el IPC más un aumento adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050. Este proceso gradual representará un aumento aproximado del 3% en este período, dando a los pensionados la confianza de que sus pensiones no quedarán por detrás de la inflación.
Mecanismo de Justicia Intergeneracional (MEI)
Otro giro relevante es que el mecanismo de capital intergeneracional (MEI) verá un aumento en su recargo a partir de 2024. Este recargo, que pasa del 0,6% al 0,7%, lo repartirá el empresario el 0,58% y el 0,12% correrá a cargo del empresario. obrero. En el caso de los autónomos, se quedarán con la totalidad del 0,7%.
El gobierno espera que esta medida genere unos ingresos adicionales de unos 3.702 millones de euros para la seguridad social en 2024, equivalente al 0,24% del producto interior bruto (PIB). Otra décima parte del aumento hasta 2024 supondrá unos ingresos de aproximadamente 780,5 millones de euros. Estos fondos se asignarán al Fondo de Reserva de Pensiones, que ayudará a garantizar la estabilidad del sistema frente a las presiones financieras derivadas de las jubilaciones masivas.
Perspectivas futuras
El IME verá un aumento progresivo hasta alcanzar el 1,2% en 2029 y se mantendrá en este nivel de 2030 a 2050. Sin embargo, existe la posibilidad de un aumento automático si el gasto en pensiones supera el 15% del PIB. Concebido como un sustituto del factor de sostenibilidad, el MEI es una herramienta clave para fortalecer el fondo de reserva y preparar el sistema para futuras demandas financieras, particularmente con el inevitable aumento de las jubilaciones de los baby boomers.
Las reformas implementadas en el ámbito de la pensión máxima de vejez para 2024 buscan equilibrar la sostenibilidad del sistema con el bienestar de los pensionistas. El aumento paulatino de las bases de cotización, el cierre de la brecha de género y el MEI son pasos sólidos hacia un sistema de pensiones más robusto y preparado para afrontar los retos del futuro.
