Incapacidad Permanente

La incapacidad permanente deja de ser razón de despido automática

Los trabajadores que sufran una lesión o enfermedad y se les conceda una pensión por incapacidad permanente podrían ser despedidos de forma automática, una práctica que parece llegar a su fin tras una nueva sentencia.

La sentencia emitida por un juzgado vigués marca un hito en la jurisprudencia española al aplicar la doctrina de la Justicia europea en el ámbito laboral. Esta resolución tiene su origen en la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que respondió a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El TJUE determinó que, a pesar de lo permitido por el Estatuto de los Trabajadores español, una empresa no puede despedir automáticamente a un trabajador con incapacidad permanente total sin realizar previamente «ajustes razonables» para preservar su empleo.

Las leyes españolas con la incapacidad permanente

La legislación en nuestro país autoriza el despido automático de trabajadores con incapacidad permanente, pero esta cuestión ha sido considerada contraria a la normativa comunitaria y al principio de igualdad. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado la intención del Gobierno de llevar a cabo una modificación legislativa y así adaptar la normativa nacional a la decisión del TJUE.

El juzgado de lo Social número 2 de Vigo se ha convertido en el primer juzgado en aplicar esta nueva perspectiva, declarando nulo un despido tras una demanda. El caso involucraba a un trabajador encargado de mantenimiento que, tras caer de baja por incapacidad temporal en el mes de febrero del año 2022 debido a un dolor torácico atípico, vio cómo la duración de la baja derivaba en una incapacidad permanente total en julio del mismo año. Un año después, la empresa le dio de baja en la Seguridad Social.

Se destaca la relevancia de esta sentencia, enfatizando la protección y respaldo que brinda a las personas con discapacidad en su derecho al trabajo. La resolución cuestiona la concepción tradicional de la incapacidad permanente en el marco del derecho de seguridad social, al obligar a la empresa a realizar ajustes razonables antes de considerar la extinción del vínculo laboral.

La sentencia tiene gran importancia ya que supone una modificación de los fundamentos de la configuración legal de la incapacidad permanente en el sistema de seguridad social español, actuando como un escudo protector para el derecho al trabajo de las personas con discapacidad.

A partir de ahora, las empresas están en la obligación de llevar a cabo ajustes razonables que posibiliten la reubicación del trabajador en un puesto que pueda ser compatible con sus dolencias, a menos que dichos ajustes representen una carga excesiva.

El juzgado de Vigo recuerda en su fallo el concepto de discapacidad conforme a las directivas europeas, haciendo especial mención a la limitación de la capacidad derivada de dolencias permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores.

Además, se hace referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho a los ajustes razonables para garantizar la igualdad de condiciones en el ámbito laboral para las personas con discapacidad.

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