Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha acordado junto con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, acabar con el despido automático por incapacidad permanente.
Esta medida es una de las más relevantes hasta el momento, ya que supone mejorar las condiciones de los trabajadores. Según el artículo 49.1 e) del Estatuto de los Trabajadores, actualmente en vigor, un empresario puede rescindir el contrato de un empleado en los supuestos de muerte, gran invalidez o incapacidad permanente total o absoluta del trabajador .
En este contexto, el Ministerio de Trabajo, presidido por Yolanda Díaz, y el CERMI han firmado el acuerdo para la protección frente al despido automático de las personas con incapacidad permanente.
Acuerdan derogar el despido automático por incapacidad permanente
Actualmente, los trabajadores que sufran una enfermedad o una dolencia crónica que no les permita seguir con su vida laboral habitual, tienen que hacer frente a la posibilidad de un despido automático por incapacidad permanente en su empresa.
A pesar de las reformas que ha sufrido el Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, todavía sigue vigente esta normativa en la ley.
Por ello, el presidente del CERMI, Pérez Bueno, ha calificado este acuerdo para promover y desarrollar la iniciativa legislativa de protección frente al despido automático de personas con incapacidad permanente como «histórico«.
Un nuevo éxito para los trabajadores con discapacidad
Según hemos podido saber a través de un comunicado ofrecido por Europa Press, la vicepresidenta segunda del Gobierno afirma que esta etapa de gobierno es «decisiva para completar las pautas estructurales de crecimiento de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito laboral».
Sin duda, un nuevo éxito para los trabajadores a los cuáles se les reconozca una incapacidad permanente en España, los cuáles puedan seguir formando parte de la empresa. Cabe recordar que esta tiene como objetivo «paliar la pérdida de ingresos que sufre un trabajador a causa de una lesión o enfermedad, que reduce o anula su capacidad laboral».
Por su parte, la coordinadora del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, María José Romero, ha declarado que esta iniciativa legislativa responde a una de las numerosísimas peticiones de este documento. Y, por lo tanto, constituye «una gran oportunidad y es un buen ejemplo para que todas las personas tengan el mismo espacio social».
Actualmente son el 35,3% de personas con discapacidad las que forman parte de la población activa, y suponen el 1,58% de las personas afiliadas a la Seguridad Social. Este acuerdo del Gobierno con el CERMI supone un cambio sustancial en su vida laboral, que sigue dando pasos para equipararse al resto de la sociedad.